“Prestaciones y subenciones”

¿Qué pasos debo seguir para que me apliquen el 4% de IVA en la compra de mi nuevo vehículo, en el servicio de adaptación o en las reparaciones?[/trx_title]

Sólo se beneficiarán de esta medida aquellas personas con discapacidad que acrediten tener movilidad reducida.
Se entenderá que una persona tiene movilidad reducida en los casos de usuario de sillas de ruedas, necesidad de dos bastones, etc. (ver Anexo III del Real Decreto 1971/1999, de de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía).
También se consideran con movilidad reducida (según nota de la Agencia Tributaria) a las personas ciegas o con deficiencia visual y, en todo caso, las afiliadas a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) que acrediten su pertenencia a la misma mediante el correspondiente certificado emitido por dicha Corporación de Derecho Público.
Este porcentaje se aplicará en la compra de todo tipo de vehículos destinados al transporte de estas personas, con independencia de quién sea el conductor, siempre que sirva como su medio de transporte habitual.

Para empezar diremos que la pensión de incapacidad permanente es una prestación económica que trata de cubrir la pérdida de ingresos que sufre un trabajador cuando, por enfermedad o accidente, ve reducida o anulada su capacidad laboral.
Se pueden beneficiar de esta prestación las personas incluidas en cualquier Régimen de la Seguridad Social siempre que reúnan los requisitos establecidos para cada tipo de incapacidad.
El procedimiento se inicia con una instancia dirigida a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social del lugar donde tenga su domicilio el solicitante.
En una primera fase (instrucción), se podrán aportar todos los documentos y pruebas médicas que se estimen necesarios.
Tras su examen, el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) elaborará un Dictamen.
Finalmente, el Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social dictará una Resolución motivada declarando, si procede, el grado de incapacidad, la cuantía de la pensión y el plazo a partir del cual se puede revisar la incapacidad por agravamiento o mejora.
En la legislación española existen los siguientes grados de incapacidad:
a) Parcial para la profesión habitual: La que ocasiona una disminución no inferior al 33 por ciento en el rendimiento de la profesión habitual. Su cuantía consiste en una indemnización de 24 mensualidades de la base reguladora que sirvió de base para la incapacidad temporal.
b) Total para la profesión habitual: Es la que inhabilita al trabajador para desarrollar su profesión habitual, pero no para otra distinta. Su cuantía es de un 55 por ciento de la base reguladora. A partir de los 55 años, se podrá incrementar un 20 por ciento cuando se presuma la dificultad para encontrar un empleo.
c) Absoluta para todo trabajo: Es la que inhabilita al trabajador para todo trabajo u oficio. Su cuantía es del 100 por cien de la base reguladora.
d) Gran invalidez: Cuando, además, necesita de la concurrencia de una tercera persona para realizar los actos más esenciales de la vida. Su cuantía es del 100 por cien de la base reguladora, pero incrementado en un 50 por ciento que se destina para pagar a la persona que se ocupa del gran inválido.
La pensión de incapacidad se extingue:
a) Por revisión cuando se detecta una mejora sobrevenida.
b) Por reconocimiento de la pensión de jubilación, cuando se opte por ella.
c) Por fallecimiento del pensionista.
Por último hay que señalar que, según dispone la Ley 51/2003 de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, “… se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez…” Es decir, tendrán la condición de persona con discapacidad los que perciban una pensión de incapacidad permanente en los grados señalados.

Para obtener la declaración del grado de discapacidad es necesaria una actuación administrativa llevada a cabo por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).

El marco legal en el que se regula esta actuación radica, fundamentalmente, en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.
El procedimiento a seguir tiene las siguientes fases:
• Solicitud a instancia del interesado o de su representante legal.
• Citación por el IASS, expresando día, hora y lugar.
• Reconocimiento por el Equipo Técnico de Valoración.
• Emisión de un Dictamen técnico-facultativo conforme a la baremación prevista en los Anexos I y II del Real Decreto 1971/1999.
• Trámite de audiencia al interesado para poner en su conocimiento todo lo actuado y por si quiere aportar algún elemento de prueba adicional.
• Resolución, que puede ser expresa o por silencio administrativo. Esta resolución puede ser recurrida.
Por último, hay que señalar que se puede proceder a la revisión del grado de discapacidad en los supuestos tasados en la norma (cumplimiento del plazo, error de diagnóstico, cambio de las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento del grado, etc.).

La Ley 16/2005, de 18 de julio, por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para regular las especialidades de los litigios transfronterizos civiles y mercantiles en la Unión Europea, prevé que las personas con discapacidad y aquellos que las tengan a su cargo actuando en su nombre e interés, podrán acceder al derecho de justicia gratuita, con independencia de sus recursos económicos.
También podrán tener este beneficio las Asociaciones de utilidad pública que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de este colectivo.
El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende las siguientes prestaciones:
• Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso.
• Asistencia de abogado al detenido o preso.
• Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial.
• Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente deban
publicarse en periódicos oficiales.
• Exención del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos.
• Asistencia pericial gratuita en el proceso.
• Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales
• Reducción del 80 % de los derechos arancelarios que correspondan por el otorgamiento de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios notariales, cuando tengan relación directa con el proceso.
• Reducción del 80 % de los derechos arancelarios que correspondan por la obtención de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros de la Propiedad y Mercantil, cuando tenga relación directa con el proceso.
La SOLICITUD se realizara ante las sedes de los Juzgados y Tribunales de residencia de la persona con discapacidad o donde se vayan a producir las actuaciones judiciales. Es preciso presentarse personalmente con el documento acreditativo de identidad y en esa sede solicitarán, en su momento, a la persona interesada la documentación acreditativa que sea precisa para la tramitación: calificación de la “discapacidad”, declaraciones de la renta, etc.
Una vez realizada la solicitud ante la instancia judicial, el plazo para iniciar o continuar cualquier actuación judicial se suspende y se vuelve a reanudar cuando se haya designado los profesionales adecuados por los Colegios Profesionales correspondientes.

Los derechos a que pueden tener acceso las personas con discapacidad no son iguales en todos los casos.
Esto sucede porque se combinan una serie de circunstancias como son el grado de minusvalía, la edad, los ingresos económicos de la unidad familiar de convivencia, la necesidad de ayuda de tercera persona, etc.
Por esto, con independencia de que cada persona tiene que informarse bien sobre los beneficios o prestaciones a que puede tener derecho, hacemos una breve enumeración que tiene carácter general:
• Pensiones no contributivas de la Seguridad Social.
• Prestación familiar por hijo a cargo.
• Prestaciones derivadas de la Ley de Integración Social de Minusválidos: Quedan vigentes las “ayudas de movilidad y gastos de transporte” y la “asistencia sanitaria y farmacéutica .
• Ayudas individuales: Son convocadas todos los años por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Consisten en subvenciones para ayudas técnicas, pago de residencias, etc.
• Empleo: Subvenciones y bonificaciones a la empresa ordinaria por la contratación laboral de personas con discapacidad. Ayudas al autoempleo y a Centros Especiales de Empleo.
• Acceso al Empleo Público: En las oposiciones hay plazas reservadas. También pueden salir convocatorias independientes.
• Beneficios fiscales en varios impuestos: IRPF, IVA, matriculación de vehículos, etc.
• Educación: Acceso a programas de garantía social, ayudas individuales directas para la Educación Especial, etc.
• Tarjeta de estacionamiento: Se concede a las personas con movilidad reducida y permite aparcar en las plazas reservadas en cualquier localidad de la Unión Europea.
• Tarjeta dorada de RENFE: Otorga descuentos del 25 ó del 40 por ciento, según los días en que se viaje.
• Bonos de transporte urbano e interurbano: Queda a criterio de cada empresa de transportes por lo que habrá que informarse en cada caso concreto.
• Vivienda: En el acceso a la vivienda protegida, hay un cupo reservado. También se puede acceder a subvenciones según se disponga en los diversos Planes de Vivienda.
• Familia numerosa: La condición de familia numerosa la obtienen aquellas familias con 3 o más hijos. En el caso de que uno sea discapacitado, bastará con 2.
• Centros de Formación Ocupacional.
• Centros residenciales.
• Entradas para museos y otros establecimientos culturales: Es preciso informarse si existen descuentos.

1.- Concepto y características.
2.- Beneficiarios y requisitos.
3.- Solicitudes y concesión.
1.- Concepto y características:
Se trata de un documento acreditativo de la persona con certificado de minusvalía que, además, presenta movilidad reducida o conductas de difícil control que dificulten la utilización de medios normalizados de transporte.
La tarjeta y su señal distintiva, colocada en lugar visible, permite que los vehículos ocupados por su titular puedan aparcar en los espacios reservados a tal efecto y disfrutar de las ventajas que sobre estacionamiento y aparcamiento establezcan los ayuntamientos a favor de las personas con discapacidad.
Entre las características generales de la tarjeta destacan las siguientes:
• Es personal e intransferible.
• Puede ser utilizada por su titular en cualquier vehículo en que se traslade, sea o no de su propiedad, y sea trasportado en el vehículo o este sea conducido por él.
• Debe exhibirse en el salpicadero, de forma que el anverso sea claramente visible desde el exterior.
• Su uso indebido puede ser sancionado por los Ayuntamientos, que pueden contemplar hasta la retirada de la misma.
2.- Beneficiarios y requisitos:
• Ser mayor de tres años.
• Tener un grado de minusvalía igual o superior al 33% y graves dificultades para utilizar transporte público conforme al baremo establecido: usuarios de sillas de ruedas, personas que dependan de dos bastones para deambular, presentar conductas de difícil control que dificulten la utilización de medios normalizados de transporte o bien tengan otras dificultades para deambular, subir escalones o sostenerse en pie.
• No estar imposibilitado para realizar desplazamiento fuera de su domicilio habitual.
3.- Solicitudes y concesión:
Los Municipios expedirán las tarjetas de aparcamiento especial para minusválidos y tendrán validez en todo el territorio nacional. Los documentos a presentar son:
• Solicitud, debidamente cumplimentada según modelo oficial facilitado por el Ayuntamiento de residencia del interesado o Unidad administrativa competente.
• Fotocopia del DNI del solicitante o de su representante legal y acreditación de dicha condición de representante.
• Dos fotografías en color, tamaño carnet.
• Certificado del Equipo de Valoración y Orientación relativo al grado de minusvalía y dificultad para utilizar medios de transporte y plazo de revisión de grado, en su caso.
La concesión corresponde, según los casos, al Municipio donde resida la persona interesada o a las Delegaciones Provinciales de las Consejerías de Asuntos Sociales o unidades asimiladas.

En primer lugar, hay que encargar un proyecto a un profesional cualificado para que estudie las soluciones técnicas posibles, según las condiciones del edificio.
También es aconsejable pedir varios presupuestos de instalación.
Es importante conocer que sólo se dan subvenciones a los edificios que tengan más de 40 años de antigüedad.
Si el ascensor se ubica en el hueco de una escalera, puede admitirse la reducción de hasta un 10 por ciento de la anchura mínima que establece la norma básica (1 metro) siempre que:
• La anchura de paso resultante cumpla con el criterio de dimensionamiento previsto.
• La instalación del ascensor responda a la adecuación del edificio a la reglamentación vigente sobre barreras arquitectónicas y sobre personas con movilidad reducida.
• Se propongan medidas compensatorias de adecuación o de mejora de las condiciones de seguridad de la escalera que se estimen suficientes por la autoridad de control, por ejemplo, insolación de extintores, de alumbrado de emergencia, etc.
Respecto a la ocupación parcial de un patio de luces, se deberán valorar todas las obras que se acrediten como necesarias para su implantación más adecuada, conforme a criterio de accesibilidad y racionalidad constructiva.

La Ley prevé varios mecanismos para lograr la accesibilidad de las Comunidades de Propietarios para las personas con discapacidad:
Cuando el importe de las obras de accesibilidad no supere tres mensualidades ordinarias de gastos comunes, deberán ser realizadas por la comunidad de propietarios, a instancia de los propietarios en cuya vivienda habiten, trabajen o presten servicios altruistas o voluntarios personas con discapacidad o mayores de 70 años.
Si las obras exceden las tres mensualidades, la comunidad quedara obligada a asumir los gastos de las obras de accesibilidad, si los acuerdos sobre su realización se adoptan con el voto favorable de la mayoría de los propietarios que a su vez representen la mayoría de las cuotas de participación.
Se computarán como favorables los votos de los propietarios ausentes siempre que, una vez informados del acuerdo adoptado, no manifiesten su oposición en el plazo de 30 días naturales.
En caso de no alcanzarse esta mayoría, existen dos posibilidades:
1.- El interesado puede hacer valer sus derechos con la interposición de demanda en vía civil, en la que es precisa la asistencia de Abogado.
2.- La otra posibilidad es la prevista en la Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre limites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.
El procedimiento es el siguiente:
• El titular del derecho comunicará de forma fehaciente al presidente de la comunidad de propietarios o mancomunidad la necesidad de ejecutar actuaciones de accesibilidad por causa de su discapacidad. A esta comunicación se acompañara calificación de minusvalía o DNI para acreditar la edad, proyecto técnico detallado de la obra a realizar y acreditación de empadronamiento municipal.

• El receptor de la comunicación en el plazo máximo de 60 días comunicará al solicitante:
– Su consentimiento;
– Oposición razonada;
– Propuesta de soluciones alternativas. En este caso, el solicitante comunicará su conformidad o disconformidad.

• Si transcurren los 60 días y no hay contestación, las obras se entenderán consentidas y se podrán iniciar, una vez obtenidas la autorización municipal correspondiente. Es decir, la oposición comunicada fuera de este plazo no impedirá la realización de las obras.

• Si la comunicación es negativa o las medidas alternativas propuestas no son aceptadas por el usuario, la vía a seguir es la interposición de demanda en los Tribunales de Justicia, en el Orden Civil.

• En cuanto a los gastos que originen las obras, correrán a cargo del solicitante de las mismas. Nota:  Es aplicable la siguiente normativa:
– Ley de Propiedad Horizontal de 21 de julio de 1960, modificada por la Disposición Adicional Tercera de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.